El hecho confirma la presencia de la guerrilla en el país petrolero y deja una serie de interrogantes sobre el futuro del conflicto armado en Venezuela.
Según las autoridades, la medida busca reducir la movilidad durante las semanas radicales y las mafias asociadas a la venta de cupos para abastecerse del carburante.
Los bajos salarios, la falta de insumos y los riesgos asociados a la COVID-19 han acentuado la salida de estos profesionales de los centros hospitalarios, generando un déficit que en la entidad alcanza el 60%.
El personal de salud que aún no ha sido vacunado debe registrarse en el sistema del Gobierno central para este fin, data manejada por el Ministerio de Salud.