Anónimo
Empresarios del transporte le temen más a piratas de 4 ruedas, el fenómeno lo estamos heredando de los municipios de Villa del Rosario y Los Patios, dicen las autoridades cucuteñas.
uan Benavides, de 28 años, monta su RX Yamaha 115 y parte de su casa en el barrio San Luis rumbo a Torcoroma. Son las 6:30 a. m. y a esta hora se inicia todos los días la jornada de trabajo de este desmovilizado de las Auc del Catatumbo, padre de cuatro hijos. Es mototaxista.
Él dice que las responsabilidades con su familia y el hecho de no tener empleo fijo desde hace más de tres años lo obligaron a tomar la determinación de ganarse la vida en este oficio considerado por las autoridades como ilegal.
Pero él no es el único que está devengando su sustento de transportar gente en motocicleta en el casco urbano de la capital nortesantandereana. Como él habría en la ciudad no menos de 200 personas haciendo lo mismo.
“No me quedaba otra manera para velar por las necesidades de mi familia, máxime cuando llevo esperando más de tres años a que el gobierno cumpla lo que les prometió a los desmovilizados de las Auc en esta región”, confiesa Benavides.
Este hombre de tez morena, 1,70 metros de estatura y de contextura delgada sostiene que de transportar pasajeros en un lapso de ocho horas diarias le quedan a diario $70.000, dinero con el que paga arriendo y da de comer a su esposa y cuatro hijos.
“Si tengo que seguir siendo mototaxista para dar de comer a mis hijos no tengo ningún `problema en hacerlo. Esto mismo piensan los demás compañeros que están en el ruedo conmigo, pues además en esta ciudad no existen oportunidades de empleo”, anota Benavides.
Sin embargo, otra cosa están pensando del fenómeno del mototaxismo empresarios del transporte público y las mismas autoridades que velan por el transporte en la ciudad.
Zonas de trabajo
La voz de alarma de que los mototaxistas ya están en las calles de Cúcuta y que llegaron para quedarse a convivir en una ciudad que cuenta con 265.000 vehículos y no menos de 40 mil motocicletas, es algo que ya empieza a preocupar en la capital nortesantandereana, de manera especial al gremio del transporte formal, que ve amenazado su economía.
“No es un secreto ya que ellos (los mototaxistas) están trabajando en la ciudad. Lo hacen de manera camuflada, sobre todo en los barrios de las comunas occidental y nororiental (Ciudadelas de Atalaya y La Libertad, respectivamente)”, sostiene un vocero del departamento operativo de una de las más grandes empresas de transporte público que operan en Cúcuta: Trasan S.A.
José Eladio Monroy, conductor de la empresa Transtasajero, expresa que los mototaxistas de Cúcuta ejercen su oficio de manera camuflada. “Los estamos viendo en barrios como Torcoroma, Pamplonita, Bellavista, San Luis y Aniversario (en la Comuna La Libertad), ellos bajan gente de esos sectores y la llevan hacia el centro de la ciudad”.
Pedro Luis Morales, taxista de la empresa Taxis Libre S.A. mencionó que esta población de transportadores informales en motocicletas también se está moviendo cada vez más por los lados de los barrios Motilones, Comuneros, Trigal del Norte y la salida al Zulia (en la comuna de Juan Atalaya). La tarifa que tienen es la misma que cobra el transporte urbano ($1.300) y en algunos casos, dependiendo la distancia, le cobran al pasajeros hasta $3.000”.
Sin embargo, para el vocero del departamento operativo de Trasan S.A., el problema grande que está afectando al transporte organizado de Cúcuta no es el mototaxismo, sino los ‘piratas de cuatro ruedas’, es decir, los que transportan gente en carros particulares.
En la ciudad, dice esta fuente, entre 2.500 y 3.000 vehículos particulares están transportando gente de manera no autorizada, es decir, ilegal, no solo en Cúcuta sino en los demás municipios del área Metropolitana.
Benavides señala que existen muchos cucuteños que están pensando seriamente en ganarse la vida en el oficio del mototaxismo. “No queda otra, pues uno tiene que ganarse la vida en algo y si el gobierno y las empresas no ofrecen esas garantías, como lo dije, no queda otra”.
El vicepresidente de la Asociación de Motociclistas de Colombia, Asomotos, Néstor Javier Ardila, afirma que en Cúcuta el parque automotor de motocicletas no sobre pasa las 40.000 unidades.
Y aunque el directivo no dio a conocer cuántos de estos vehículos ingresan cada año al parque automotor, cálculos de vendedores de motocicletas señalan que son entre 1.500 y 2.000.
Ante el auge sin control que tomó el mototaxismo en varias ciudades del país y de los problemas que esta situación ha generado, el Gobierno nacional expidió sendos decretos para tratar de poner freno y organizar esta actividad.
En el año 2006 se expidió el Decreto 2961 por parte de la Presidencia de la República, por medio del cual se dictaron medidas para controlar la prestación del servicio público de transporte en motocicletas.
Entre su artículo primero señala que “En los municipios o distritos donde la autoridad municipal o distrital verifique que se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio público de transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en motocicleta, dicha autoridad deberá tomar las medidas necesarias para restringir la circulación de acompañantes o parrilleros, por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales, de acuerdo con la necesidad. Dichas medidas se tomarán por periodos inferiores o iguales a un año” y en el segundo que “El conductor o propietario de una motocicleta que circule con acompañante o parrillero dentro de las zonas u horarios objeto de restricción será sancionado de conformidad con las normas aplicables por la prestación ilegal del servicio público de transporte de pasajeros o servicio no autorizado”.
Y el artículo cuarto prevé multas establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre –Ley 769 de 2002–.
Sin embargo, el 29 de octubre del 2008, en una especie de reculada, el Gobierno, en cabeza del ministro de Transporte Andrés Uriel gallego, decidió reglamentar y dar ciertas gabelas y condiciones a quienes se dedican a esta actividad.
El objeto de la norma fue el de “reglamentar la habilitación de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto en vehículos clase motocarro y el procedimiento para otorgar el permiso para la prestación de dicho servicio público de forma eficiente, segura, oportuna y económica”.
Y define este servicio como “aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada y autorizada, a través de un contrato celebrado entre la empresa de transporte y cada una de las personas que utilizan el servicio para su traslado simultáneo con el de sus bienes o carga del sector veredal al centro urbano de acopio dentro de la jurisdicción de un municipio”.
En su artículo tercero dice explícitamente el servicio sólo se podrá habilitar en poblaciones inferiores a 50.000 habitantes, con motocarros.
Y en lo que sigue dela articulado señala la forma, reglas y demás requisitos que deben cumplir quienes se dediquen a esta actividad.
uan Benavides, de 28 años, monta su RX Yamaha 115 y parte de su casa en el barrio San Luis rumbo a Torcoroma. Son las 6:30 a. m. y a esta hora se inicia todos los días la jornada de trabajo de este desmovilizado de las Auc del Catatumbo, padre de cuatro hijos. Es mototaxista.
Él dice que las responsabilidades con su familia y el hecho de no tener empleo fijo desde hace más de tres años lo obligaron a tomar la determinación de ganarse la vida en este oficio considerado por las autoridades como ilegal.
Pero él no es el único que está devengando su sustento de transportar gente en motocicleta en el casco urbano de la capital nortesantandereana. Como él habría en la ciudad no menos de 200 personas haciendo lo mismo.
“No me quedaba otra manera para velar por las necesidades de mi familia, máxime cuando llevo esperando más de tres años a que el gobierno cumpla lo que les prometió a los desmovilizados de las Auc en esta región”, confiesa Benavides.
Este hombre de tez morena, 1,70 metros de estatura y de contextura delgada sostiene que de transportar pasajeros en un lapso de ocho horas diarias le quedan a diario $70.000, dinero con el que paga arriendo y da de comer a su esposa y cuatro hijos.
“Si tengo que seguir siendo mototaxista para dar de comer a mis hijos no tengo ningún `problema en hacerlo. Esto mismo piensan los demás compañeros que están en el ruedo conmigo, pues además en esta ciudad no existen oportunidades de empleo”, anota Benavides.
Sin embargo, otra cosa están pensando del fenómeno del mototaxismo empresarios del transporte público y las mismas autoridades que velan por el transporte en la ciudad.
Zonas de trabajo
La voz de alarma de que los mototaxistas ya están en las calles de Cúcuta y que llegaron para quedarse a convivir en una ciudad que cuenta con 265.000 vehículos y no menos de 40 mil motocicletas, es algo que ya empieza a preocupar en la capital nortesantandereana, de manera especial al gremio del transporte formal, que ve amenazado su economía.
“No es un secreto ya que ellos (los mototaxistas) están trabajando en la ciudad. Lo hacen de manera camuflada, sobre todo en los barrios de las comunas occidental y nororiental (Ciudadelas de Atalaya y La Libertad, respectivamente)”, sostiene un vocero del departamento operativo de una de las más grandes empresas de transporte público que operan en Cúcuta: Trasan S.A.
José Eladio Monroy, conductor de la empresa Transtasajero, expresa que los mototaxistas de Cúcuta ejercen su oficio de manera camuflada. “Los estamos viendo en barrios como Torcoroma, Pamplonita, Bellavista, San Luis y Aniversario (en la Comuna La Libertad), ellos bajan gente de esos sectores y la llevan hacia el centro de la ciudad”.
Pedro Luis Morales, taxista de la empresa Taxis Libre S.A. mencionó que esta población de transportadores informales en motocicletas también se está moviendo cada vez más por los lados de los barrios Motilones, Comuneros, Trigal del Norte y la salida al Zulia (en la comuna de Juan Atalaya). La tarifa que tienen es la misma que cobra el transporte urbano ($1.300) y en algunos casos, dependiendo la distancia, le cobran al pasajeros hasta $3.000”.
Sin embargo, para el vocero del departamento operativo de Trasan S.A., el problema grande que está afectando al transporte organizado de Cúcuta no es el mototaxismo, sino los ‘piratas de cuatro ruedas’, es decir, los que transportan gente en carros particulares.
En la ciudad, dice esta fuente, entre 2.500 y 3.000 vehículos particulares están transportando gente de manera no autorizada, es decir, ilegal, no solo en Cúcuta sino en los demás municipios del área Metropolitana.
Benavides señala que existen muchos cucuteños que están pensando seriamente en ganarse la vida en el oficio del mototaxismo. “No queda otra, pues uno tiene que ganarse la vida en algo y si el gobierno y las empresas no ofrecen esas garantías, como lo dije, no queda otra”.
El vicepresidente de la Asociación de Motociclistas de Colombia, Asomotos, Néstor Javier Ardila, afirma que en Cúcuta el parque automotor de motocicletas no sobre pasa las 40.000 unidades.
Y aunque el directivo no dio a conocer cuántos de estos vehículos ingresan cada año al parque automotor, cálculos de vendedores de motocicletas señalan que son entre 1.500 y 2.000.
La Ley: que no, pero depende
Ante el auge sin control que tomó el mototaxismo en varias ciudades del país y de los problemas que esta situación ha generado, el Gobierno nacional expidió sendos decretos para tratar de poner freno y organizar esta actividad.
En el año 2006 se expidió el Decreto 2961 por parte de la Presidencia de la República, por medio del cual se dictaron medidas para controlar la prestación del servicio público de transporte en motocicletas.
Entre su artículo primero señala que “En los municipios o distritos donde la autoridad municipal o distrital verifique que se está desarrollando una modalidad ilegal de servicio público de transporte de pasajeros utilizando la movilización de personas en motocicleta, dicha autoridad deberá tomar las medidas necesarias para restringir la circulación de acompañantes o parrilleros, por zonas de su jurisdicción o en horarios especiales, de acuerdo con la necesidad. Dichas medidas se tomarán por periodos inferiores o iguales a un año” y en el segundo que “El conductor o propietario de una motocicleta que circule con acompañante o parrillero dentro de las zonas u horarios objeto de restricción será sancionado de conformidad con las normas aplicables por la prestación ilegal del servicio público de transporte de pasajeros o servicio no autorizado”.
Y el artículo cuarto prevé multas establecidas en el Código Nacional de Tránsito Terrestre –Ley 769 de 2002–.
Sin embargo, el 29 de octubre del 2008, en una especie de reculada, el Gobierno, en cabeza del ministro de Transporte Andrés Uriel gallego, decidió reglamentar y dar ciertas gabelas y condiciones a quienes se dedican a esta actividad.
El objeto de la norma fue el de “reglamentar la habilitación de las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor mixto en vehículos clase motocarro y el procedimiento para otorgar el permiso para la prestación de dicho servicio público de forma eficiente, segura, oportuna y económica”.
Y define este servicio como “aquel que se presta bajo la responsabilidad de una empresa de transporte legalmente constituida y debidamente habilitada y autorizada, a través de un contrato celebrado entre la empresa de transporte y cada una de las personas que utilizan el servicio para su traslado simultáneo con el de sus bienes o carga del sector veredal al centro urbano de acopio dentro de la jurisdicción de un municipio”.
En su artículo tercero dice explícitamente el servicio sólo se podrá habilitar en poblaciones inferiores a 50.000 habitantes, con motocarros.
Y en lo que sigue dela articulado señala la forma, reglas y demás requisitos que deben cumplir quienes se dediquen a esta actividad.
