El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis), que se estableció con la firma de los acuerdos de paz con las extintas Farc, arrancó en 2016 llenó de ilusiones y sin un solo peso para cumplirles a las casi cien mil familias que decidieron apostarle a este proyecto para dejar la siembra de hoja de coca en diferentes municipios de Colombia.

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El plan les ofreció hasta $36 millones a cada uno de los cultivadores que para ese año se acogieran a la sustitución voluntaria, cuando en el país había 146 mil hectáreas sembradas de coca, según el reporte entregado por del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos -SIMCI- de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).