En torno a la discusión sobre la abolición o regularización de las actividades sexuales pagadas, existe una relación entre posturas del movimiento social denominado como feminismo, que busca proteger los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes desde distintos enfoques. 

Por un lado, existe un sector dentro de estas mujeres que promueve el reconocimiento de este tipo de comercio como un trabajo legítimo que se encuentre reglamentado por el Gobierno nacional y que también entre a proteger los derechos de quienes se identifican como “trabajadores y trabajadoras sexuales”, adquiriendo responsabilidades como el pago de la salud y pensión al igual que cualquier otro empleado, como lo proponía el proyecto de ley 079 del 2019 presentado por Armando Benedetti y que finalmente no rindió frutos. 

El abolicionismo tiene una mirada completamente diferente a la anteriormente mencionada, debido a que no concibe estas actividades como un trabajo y argumenta que pone en riesgo la seguridad de quienes se encuentran en esa condición, manifestando que existe violencia dentro del intercambio y por ello debe abolirse, tal como lo explica Claudia Quintero, la mujer Cafam 2022.