El pasado 26 de marzo se conoció que el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, y el gerente de la Central de Transportes, Andrés Posada Peñaranda, fueron denunciados penalmente, porque, al parecer, incumplieron un fallo judicial y no están garantizando el derecho fundamental al trabajo, al debido proceso y al mínimo vital de cerca de 100 vendedores ambulantes que laboraban dentro de la central. 

Lea también: Estudiantes piden tarifa diferencial para el transporte público

Esto, teniendo en cuenta que, desde el 2020, los vendedores informales fueron desalojados, inicialmente por la crisis ocasionada por la pandemia, pero, hasta el año pasado, aun cuando la emergencia sanitaria por la COVID-19 ya no estaba, seguía sin dejarlos ingresar.