La explotación y contrabando del oro en el denominado Arco Minero del Orinoco (AMO), en Venezuela, ha sido durante las dos últimas décadas el semillero de una diversa gama de economías ilegales que se alimentan del negocio del contrabando minero.

En su más reciente informe, la organización no gubernamental Transparencia Venezuela reveló cómo se genera este dramático y acelerado aprovechamiento que genera atroces consecuencias sociales y ambientales en ese país.

En el trabajo describe cómo, pese a que la actividad de exploración y explotación de minerales está permitida en una superficie de 111.843 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional) y aunque las leyes determinan que todo el oro debe ser vendido al Estado venezolano, el 75% se comercializa de manera ilegal.