Aunque en 2018 las autoridades judiciales y militares comenzaron a tener información de que un grupo del frente 33 de las Farc, que no se reincorporó a la vida civil, tras el proceso de paz que el Gobierno firmó con esta guerrilla, volvió a delinquir, no lo vieron como una gran amenaza, pero si lo tuvieron bajo el radar.

Hoy, después de tres años, esa disidencia de las Farc se convirtió en un grave problema de seguridad en Norte de Santander. Según informes militares y policiales, este grupo armado ilegal cuenta con 250 miembros y su cercanía con los carteles mexicanos del narcotráfico (Sinaloa y Jalisco Nueva Generación), que se mueven tranquilamente por el Catatumbo, le ayudó a aumentar su poder de guerra.

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