El viernes 8 de octubre, hacia las 9:30 a. m., en Tibú se dio un hecho violento que conmocionó, no solo a esa población, sino a todo el país. Un niño de 15 años, de la etnia wayúu, y Jackson Enrique Arriaga Parra, de 23, fueron asesinados por presuntos miembros de la disidencia del frente 33 de las Farc, porque supuestamente algunos comerciantes los sorprendieron robando.

Desde el mismo instante en que se conoció el suceso, se escucharon las voces de rechazo que pedían justicia, no solo para capturar a esos dos hombres que dispararon contra las víctimas –quienes habían llegado al Catatumbo hace dos años procedentes de Venezuela–, sino para quienes retuvieron a los jóvenes, les amarraron las manos y hasta les hicieron videos y tomaron fotos, aplicándoles una supuesta medida de escarmiento. 

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Pues a pesar de que esas personas manifestaron que los entregarían a las autoridades para que respondieran por el aparente robo, se demoraron mucho en hacerlo, dándole chance a esa organización criminal que impone sus leyes a sangre y fuego, para que actuara, tal como finalmente ocurrió.