Con la Constitución de 1991 nació en Colombia la figura de la tutela con la que se buscó proteger los derechos básicos de la población.
El exmagistrado José Gregorio Hernández, en una columna publicada en La Opinión, dijo que gracias a este amparo judicial se ha conseguido salvar la vida, resguardar la salud, realizar la igualdad, poner fin al abuso de autoridad, rescatar la justicia, hacer efectiva la libertad en sus distintas expresiones.

“Se han hecho prácticos y eficaces los mandatos y las garantías constitucionales en innumerables fallos de jueces y tribunales, y, mediante el sistema de la revisión eventual por la Corte Constitucional, se han sentado importantes precedentes judiciales”, escribió el experto constitucionalista.

Según Hernández, la tutela acabó la ominosa práctica de los ‘chepitos’ en el cobro de las deudas o para dejar en claro que los derechos a la educación y a la salud son fundamentales. También recordó, de manera anecdótica, como un ciudadano hizo uso de la acción de tutela con el propósito de obligar al presidente de la República a recuperar la soberanía colombiana sobre Panamá.