La controversia generada por el contrato que, a finales del 2023, de manera discreta y sin hacer mucho ruido, suscribió el saliente alcalde de Ocaña, Samir Fernando Casadiego, con la Alcaldía de Neiva, para la actualización catastral, escaló al Congreso de la República, en donde decidieron ponerle la lupa al cuestionado negocio.

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Desde la Comisión Accidental para el Seguimiento a la Implementación del Catastro Multipropósito en Colombia anunciaron que apelarán a las instancias a las que haya lugar, a fin de que se investigue el trámite que adelantó la pasada administración con un gestor catastral sobre el cual pesan muchas sombras.