El 20 de julio, el presidente de la República, Gustavo Petro, admitió públicamente ante el Congreso que su gobierno no ha logrado consolidar uno de sus proyectos bandera: la ‘Paz total’, una ambiciosa apuesta que más que aplausos le ha valido críticas, por el impacto negativo que ha desencadenado sobre la seguridad y el orden público en el país.

No obstante, minutos después, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, radicó ante el Legislativo un proyecto que desde ya promete una álgida discusión, por cuanto establece el marco jurídico para los grupos armados y delincuenciales con los que el Gobierno, bajo el amparo de esa fallida política de paz, adelanta negociaciones, pero con quienes todavía no logra acuerdos significativos.

Es decir, se trata de la estructura de una  nueva justicia transicional con beneficios para quienes se apartaron del Acuerdo de Paz de La Habana, los expulsados por Justicia y Paz y la JEP, narcotraficantes y hasta los procesados por cuenta de la protesta social.