El 12 de diciembre de 2020, mientras los nortesantandereanos mantenían puesta su atención en la batalla contra la mortífera Covid-19 y en cómo asimilar unas festividades decembrinas en medio del encierro, en la Asamblea de Norte de Santander, durante una sesión virtual transmitida en vivo y con apenas unos cuantos seguidores como testigos, los diputados le daban vida a la Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE) Faro del Catatumbo, que hoy está bajo el escrutinio público y de los organismos de control, como la Procuraduría General de la Nación.

Los reparos y las inquietudes que días antes de su aprobación alcanzaron a plantear algunos de los diputados, principalmente de la oposición (Centro Democrático), sobre los alcances de dicha empresa, la posibilidad de que se transformara en un escenario de burocracia y terminara absorbiendo las funciones de secretarías importantes como la de Infraestructura, acabaron por convertirse en el presagio de lo que, tres años después, empieza a tomar forma de escándalo.

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