La presencia de bandas criminales y mafias que operan en nueve estados de Venezuela, fue parte del informe más reciente de la organización no gubernamental Transparencia Venezuela. 

La investigación revela cómo la criminalidad se ha convertido durante la última década en una gran amenaza para los derechos humanos de los ciudadanos y cómo incide en cada región atendiendo a su economía local, geografía o dinámicas de desarrollo.   

Se basó en un estudio delincuencial de los estados Apure, Barinas, Bolívar Carabobo, Lara, Mérida, Yaracuy, Zulia y Táchira donde el narcotráfico, el contrabando de combustible, el desvío de gasolina y el tráfico ilegal de oro son fuentes primarias de financiación de las organizaciones que actúan en la ilegalidad.