A la dura carga que ya afrontan por la limitación física que tienen los discapacitados de Cúcuta, la alcaldía de Jorge Acevedo les suma una adicional, igual o peor de pesada a su padecimiento, al negarles la posibilidad de tener un empleo, todo porque no dispone de una IPS que practique el examen y les expida el certificado de discapacidad, requisito de ley que deben cumplir los entes territoriales, pero que en Cúcuta se pasan por la faja.

María Luisa Gómez, de 35 años, madre cabeza de hogar de dos hijos, hace parte de las más de 15.000 personas con problemas de discapacidad que residen en Cúcuta. Ella le dijo a La Opinión que necesita trabajar para ganar el sustento de sus dos pequeños de 12 y 8 años, pero le ha sido imposible ingresar a alguna de las empresas de la ciudad por su problema físico (le falta su miembro superior izquierdo).

“He pasado hojas de vida en muchas empresas, incluidas las grandes que operan en la ciudad, pero cuando me preguntan que si tengo certificado de discapacidad, que acredite mi problema físico, hasta ahí llego, porque no cuento con ese documento”, dice la mujer.